Se trata del principio de la libre concurrencia o igualdad de trato, uno de los principios generales de la contratación que ha obtenido un continuo reconocimiento normativo, tanto en clave comunitaria como nacional, así como por las distintas instancias jurisprudenciales, junto a la de los actuales tribunales administrativos de recursos contractuales.

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado el decreto ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública (DOGC de 2 de junio). Cuando escribo estas líneas no tengo conocimiento que el Parlamento catalán haya validado la norma.

Francisco Hernández González, de la Universidad de La Laguna, comparte con el Observatorio de Contratación Pública este artículo de opinión donde analiza ciertas cuestiones relacionadas con la línea del AVE Madrid-Barcelona.

Todavía no ha logrado salir publicada en el Diario Oficial de Galicia. Alguna razón debe haber para tanta tardanza.

María José Gómez Serrano, de Estudio Jurídico Internacional, analiza el sistema de los recursos especiales en materia de contratos del Sector Público en España.

Joan Perdigó Solá, abogado y profesor de Derecho Administrativo, comparte un artículo que analiza las controversias y propone alternativas razonables en vista a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Juan Carlos Gómez, colaborador del ObCP, muestra cómo abordar aquellas contrataciones para las que es ineficaz e insatisfactorio su adjudicación mediante procedimientos abiertos y/o restringidos.

La emisión del Dictamen comporta la culminación del procedimiento de elaboración de la norma, a falta de su aprobación como proyecto de ley y ulterior remisión a las Cortes Generales para su tramitación.