Existen una serie de servicios que todo organismo público está obligado a contratar, como son la limpieza en todo caso y la vigilancia, servicios que se prestan en la sede donde se aloja el organismo.

Las UTEs están expresamente reconocidas en la legislación en materia de contratos públicos, que las contempla como una forma posible de concurrir a los procedimientos de adjudicación.

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia dela Directiva 89/665/CEE y la Directiva 92/13/CEE.

El primero de los grandes conflictos que salieron a la luz luego de la aprobación de la iniciativa, y la que hasta este momento ha tenido más repercusión mediática es el impacto social que generará este proceso.

Propuesta al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 de diciembre de 2016).

En él analiza la regulación de la contratación pública en 180 países desde el punto de vista de los aspectos que fomentan u obstaculizan el acceso de las empresas privadas a los contratos públicos.

El proyecto de ley de contratos del sector público que se encuentra en el Congreso de los Diputados en período de presentación de enmiendas hasta el 4 de febrero debe devolverse al Gobierno por manifiestos defectos insubsanables.

El articulado de esta Ley se ha estructurado en un Título preliminar dedicado a recoger las disposiciones generales en esta materia y cuatro Libros sucesivos, relativos a la configuración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales de los contratos (Libro I).