Opinión
El incremento excepcional de los costes de ejecución de los contratos públicos está revelando las graves deficiencias que aquejan a la regulación de esta fase de la contratación pública. A la tradicional confusión entre el entre el factum principis y el riesgo imprevisible, se ha unido ahora la delimitación entre éste y el ius variandi, ya que se ha planteado la cuestión de si forma más adecuada de hacer frente al referido incremento es la modificación del precio sin más o la compensación por riesgo imprevisible y, en último término, si tales técnicas son las más idóneas para hacer frente a situaciones de crisis como la actual o resulta más apropiado acudir a la legislación de urgencia.
En el presente artículo se exponen los resultados de una investigación realizada sobre los criterios objetivos de valoración automática distintos del precio en el contrato de obra. La investigación se ha centrado en su naturaleza, frecuencia, ponderación y su influencia real en la puntuación final del contrato de obra en el conjunto de las entidades la Administración General del Estado. Se realiza una propuesta para mejorar su aplicación en la valoración del contrato.
El objeto de este artículo es analizar el contenido del Art. 130.2 LCSP, y la discrepancia que surgió en cuanto a su interpretación entre los Tribunales Administrativos de Contratación (TACP Madrid y TACRC), finalmente resuelta por la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 30 de Marzo de 2023.
En un contexto global en el que la preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad ha alcanzado un nivel sin precedentes, la contratación pública verde emerge como una poderosa herramienta para impulsar un desarrollo sostenible, reducir el impacto ambiental y fomentar la transición hacia una economía verde. Este artículo busca destacar la importancia de la contratación verde en el sector público y su potencial impacto en uno de los Grupos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el Grupo TRAGSA.
Nuestros colaboradores
-
Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Prof. Titular de la Universidad Autónoma de Chiapas -con licencia- -
Vicesecretario General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Huelva -
Interventor-Tesorero de Administración Local con Habilitación Nacional. -
Abogado y Doctor en Derecho. Académico Co. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. -
Jefe de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
-
Técnico jurídico en la empresa pública TITSA (Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.). Abogado especializado en Derecho Público -
Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad de Sevilla.


