Opinión
El incremento excepcional de los costes de ejecución de los contratos públicos está revelando las graves deficiencias que aquejan a la regulación de esta fase de la contratación pública. A la tradicional confusión entre el entre el factum principis y el riesgo imprevisible, se ha unido ahora la delimitación entre éste y el ius variandi, ya que se ha planteado la cuestión de si forma más adecuada de hacer frente al referido incremento es la modificación del precio sin más o la compensación por riesgo imprevisible y, en último término, si tales técnicas son las más idóneas para hacer frente a situaciones de crisis como la actual o resulta más apropiado acudir a la legislación de urgencia.
En el presente artículo se exponen los resultados de una investigación realizada sobre los criterios objetivos de valoración automática distintos del precio en el contrato de obra. La investigación se ha centrado en su naturaleza, frecuencia, ponderación y su influencia real en la puntuación final del contrato de obra en el conjunto de las entidades la Administración General del Estado. Se realiza una propuesta para mejorar su aplicación en la valoración del contrato.
El objeto de este artículo es analizar el contenido del Art. 130.2 LCSP, y la discrepancia que surgió en cuanto a su interpretación entre los Tribunales Administrativos de Contratación (TACP Madrid y TACRC), finalmente resuelta por la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 30 de Marzo de 2023.
Nuestros colaboradores
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Técnico Gestión Admón General -
Letrado Director de los Servicios Jurídicos de la Universidad de Málaga. Miembro del Consejo Asesor de Gaona Abogados BMyV. -
Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional. Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector. -
Jefa de sección de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -
Interventor-Tesorero de Administración Local con Habilitación Nacional. -
Responsable de Coordinación de la obra pública, Área 2030, Cabildo de Tenerife. -
Doctoranda en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza


