Una contratación pública responsable y de calidad empieza por algo tan básico como elaborar correctamente los costes.

Autor: Pedro Pascual Alejandre.

(Comentario de las Conclusiones del Abogado General en el Asunto C-11/25, Jelgavas Valstspilsētas Pašvaldība, de 12 de marzo de 2026).

La práctica administrativa demuestra que los plazos para adjudicar y formalizar un contrato público se exceden con bastante frecuencia. Cuando esto sucede en contratos con una fecha de finalización determinada, el retraso provoca que el contratista pierda parte del tiempo de ejecución previsto, sin que pueda imputársele esa inactividad. Esta situación plantea una cuestión clara y muy práctica: ¿puede esa demora entenderse como un desistimiento parcial del contrato que dé derecho a indemnización?

Está apareciendo de manera alarmante una interpretación estrecha del requisito de “compras de uso corriente” asociado a los Sistemas Dinámicos de Adquisición (SDA), que limita su ámbito a adquisiciones simples, de bajo contenido técnico y recurrentes. Esta lectura choca con el diseño normativo del SDA como procedimiento plenamente electrónico, abierto durante toda su vigencia, y destinado a la adquisición de bienes, servicios y obras disponibles en el mercado “de manera general” y susceptibles de normalización por categorías.

Este trabajo propone una reconstrucción funcional del concepto de “corriente”, entendido como aptitud para ser adquirido en un mercado abierto, estandarizable y objetivamente comparable. Se plantea un test operativo basado en indicadores y se muestra su utilidad con dos casos: un invernadero prefabricado y servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.

La tesis es doble: (i) “corriente” no equivale a “simple” ni a “barato”, sino a “racionalizable”; y (ii) la discusión no debe resolverse mediante exclusiones apriorísticas, sino mediante un diseño cuidadoso de categorías, lotes y reglas que preserven la comparabilidad y la apertura del mercado.