Opinión
Nos detenemos hoy en el análisis de las previsiones introducidas por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, respecto de contratos financiados con cargo a fondos del mismo y que sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación.
Breve repaso de la práctica administrativa y judicial más reciente sobre la aplicación del art. 145.2.2º de la LCSP.
El Factor Humano, la clave.
Hace unos meses realicé un pequeño estudio para conocer cuál es el nivel real de implantación de la contratación electrónica en las pequeñas y medianas entidades locales (PYMEL), cuyos resultados reflejé y analicé en esta entrada de mi blog.
El artículo comenta el enriquecimiento de este segundo informe anual de la OIResCon con nuevos indicadores de evaluación del sistema de contratación pública, analiza su incardinación en sistemas de evaluación internacionales y nacionales y propone fórmulas para su utilización por todas las administraciones territoriales.
Nuestros colaboradores
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Responsable de los Servicios Jurídicos de Gas Natural Comercializadora -
Consultor de costes y precios de contratos públicos -
Jefe de Servicio de Contratación y Junta Consultiva – Comunidad Autónoma de Canarias
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Responsable del Área de Regulación, Mercados y Competencia de la Autoritat Catalana de la Competencia desde el año 2003, Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya. -
Asesora legal en la Secretaría de Coordinación del Ministerio de Infraestructura de la Nación. Argentina -
Profesor titular de Derecho Constitucional. Abogado. Secretario Superior de Administración Local y Administrador General de la CCAA de Canarias (excedente). -
Funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría Intervención. OEP 2022.


