Bajo el título ‘Combatir la corrupción en la Unión Europea’, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha presentado un dictamen en el que exige tolerancia cero ante la corrupción y el fraude. En concreto, el documento plantea la elaboración de una estrategia quinquenal de anticorrupción y un plan de acción validado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

En el dictamen el CESE expone una lista de acciones y medidas concretas. Entre ellas figura la necesidad de plantear sanciones como la inhabilitación de los organismos y de las personas implicadas. Además incide en que tanto las instituciones de la UE como los organismos deberían, en colaboración con los Estados miembros, intensificar las acciones destinadas a concienciar a la opinión pública acerca de cómo los ciudadanos pueden participar en la lucha contra la corrupción. Asimismo solicita la protección adecuada para los denunciantes.

La institución europea también cita la necesidad de aplicar mecanismos de información corporativa, así como de impulsar una campaña de información dirigida a los medios de comunicación de masas. En esta última acción añaden que debería ir acompañada de una mayor transparencia sobre la forma en que se gastan los fondos de la UE.

Además de las medidas legislativas, el dictamen revela que la UE debería emprender y apoyar medidas alternativas para promover la adopción y la aplicación de códigos y normas de cumplimiento, anticorrupción y antisoborno en cada empresa, en consonancia con los instrumentos y las orientaciones internacionales, sectoriales y europeas.

Sobre los procedimientos de contratación pública

Los expertos del CESE señalan la conveniencia de que la Comisión Europea garantice la existencia de canales adecuados para desvelar casos de corrupción en los procedimientos de contratación pública a nivel nacional y local.

Asimismo recomiendan que se contribuya a mejorar las posibilidades de obtener compensación, incluso por parte de agentes distintos de aquellos directamente afectados. En esta línea proponen aumentar la transparencia en estos casos, incluso citan que debería darse a conocer que la información sobre el procedimiento de licitación y la obtención de contratos está disponible en la plataforma electrónica de la UE TED.

Por último, advierten de que las empresas que presentan ofertas para contratos públicos deberán facilitar información sobre su titularidad, incluido el beneficiario efectivo de la empresa. Las de mayor volumen que presenten ofertas para contratos estarán obligadas a disponer de un código estricto de anticorrupción y antisoborno. La divulgación de la información deberá estar sujeta a las normas de protección y no debería verse obstaculizada por las divergencias entre las legislaciones en materia de protección de datos.

Más información:

• Fuente de la información: Parlamenta - ver página web.
• Boletín de noticias del CESE - ver listado en inglés.